Compartir capturas de pantalla de conversaciones privadas podría costarte hasta 12 años de prisión

El uso de dispositivos móviles y la inmediatez de las comunicaciones digitales han llevado a que compartir capturas de pantalla o “screenshots” de conversaciones privadas se convierta en una práctica habitual.

Sin embargo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares ha establecido que esta acción pueda constituir una violación grave al derecho a la privacidad de las personas, y por ello, podría acarrear penas de prisión de hasta 12 años.

Esta ley, publicada el 20 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, introduce un régimen de sanciones que no solo busca proteger la intimidad de los ciudadanos, sino que también pretende establecer parámetros estrictos para el tratamiento y manejo de datos personales.

El artículo 62 tipifica como delito la divulgación no autorizada de capturas de pantalla de conversaciones privadas. Las penas estipuladas oscilan entre seis y 12 años de prisión, acompañadas de multas que se calculan en función de días de salario (entre 300 y 600 días).

La normativa no se limita únicamente a la acción de compartir imágenes sin consentimiento; también abarca situaciones en las que se modifica el contenido de dichas capturas para dar a entender que una persona dijo algo que en realidad nunca expresó. Este tipo de manipulación se enmarca dentro de la falsificación de documentos, sancionándose con penas que van de uno a tres años de prisión, además de multas económicas.

Otro aspecto fundamental de la nueva ley es el requisito de un consentimiento adicional en el tratamiento de datos personales. Es decir, si se pretenden usar dichos datos con finalidades distintas a las inicialmente informadas en un aviso de privacidad, se debe recabar nuevamente el consentimiento de los involucrados.

Esto implica que incluso si una persona comparte su conversación en un entorno privado, cualquier reutilización de esa información para otros fines—por ejemplo, su difusión en redes sociales—debe contar con una autorización explícita y adicional. Esta disposición busca evitar usos indebidos de la información personal y garantizar que los ciudadanos mantengan el control sobre sus datos, evitando consecuencias legales inesperadas.

Las implicaciones de esta ley se extienden tanto a individuos como a empresas y organizaciones privadas. Estos últimos deben revisar y adaptar sus políticas internas, mecanismos de seguridad, y controles de tratamiento de datos, para no incurrir en riesgos económicos y legales.